Reforma al combate a la corrupción: Cambios de forma, no fondo.

 

Por: Lic. Ana Julia Yepiz Gonzalez.

Abogada egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente ejerce como asociada en Lion Strategy Group, S.C.

e-mail: annajyepiz@gmail.com

twitter: @annajyepiz

 

De acuerdo con el reporte más reciente del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2017, elaborado por Transparencia Internacional, México obtuvo 30 puntos que lo ubican en el lugar 123 de 176 a nivel mundial, Esta situación lo colocan en el último sitio entre los 35 países que integran la Organización para la Cooperación Y desarrollo Económicos (OCDE); Paraguay (123), Nicaragua (145) , Haití (159) y Venezuela (166) completan el top 5 de los países más corruptos de Latinoamérica.

Entre los factores que considera el IPC se encuentran, por ejemplo, si los funcionarios del gobierno asumen responsabilidades o salen impunes de casos de corrupción; la percepción de la prevalencia del soborno y si las instituciones públicas responden a las necesidades de los ciudadanos.

imagen: http://poderciudadano.org/

Al respecto, el estudio “México: Anatomía de la Corrupción”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) (2017)en conjunto con el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), destaca que las instituciones que se perciben más corruptas en nuestro país son:

  • Partidos políticos – 91%
  • Policía – 90%
  • Funcionarios públicos – 87%
  • Poder legislativo – 83%
  • Poder judicial – 80%

El Sistema Nacional Anticorrupción coordina a actores sociales y a autoridades de los distintos órdenes de gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción.

Las reformas constitucionales en materia anticorrupción se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo de 2015 y son la base que da sustento a toda la legislación secundaria en la materia.

El 18 de julio de 2016 fueron publicadas en el DOF las leyes secundarias que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción.

Este Nuevo sistema, enfrenta grandes pendientes que, de no atenderse pronto por los órganos legislativos, no permitirán su funcionamiento óptimo.

Mismo que arrancó este pasado 19 de julio 2017  sin el nombramiento de un fiscal general, ni de los 18 magistrados de las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, además de que los congresos de tres estados incumplieron con la fecha límite para aprobar sus leyes para la creación de sus Sistemas Estatales Anticorrupción: Chihuahua, Tlaxcala y Veracruz.

Solamente cuatro estados de la República habían conformado sus Sistemas Estatales Anticorrupción completos: Querétaro, Morelos, Estado de México y Sonora. La mayoría de las entidades (25) incumplieron con el nombramiento de sus fiscales anticorrupción o la creación de tribunales de justicia administrativa

Max káiser, Director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, lamentó que los diputados locales ni los legisladores federales que incumplieron con estas obligaciones constitucionales no estén sujetos a algún tipo de sanción administrativa.

“En términos sociales debe haber consecuencias por no haber hecho su trabajo, porque el Sistema no puede empezar a medias”

El Dr. Luis Carlos Ugalde, quien participó en la selección del fiscal Anticorrupción, consideró que en términos administrativos se está violando la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, incluso, dijo que se les puede presentar un juicio político ante el daño social que están generando.

La mayoría de las instituciones que constituyen este sistema ya existían, aunque algunas de sus partes son nuevas, como la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana.

La creación del sistema implicó la modificación de siete leyes:

  • Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
  • Ley General de Responsabilidades Administrativas (3de3).
  • Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
  • Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
  • Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
  • Reformas al Código Penal Federal.
  • Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Se redacta un nuevo artículo 113 constitucional para instaurar el Sistema Nacional Anticorrupción, en los siguientes términos:

“Artículo 113.- El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así́ como en la fiscalización y control de recursos públicos.”

El último párrafo del artículo 113 constitucional, ordena el establecimiento de sistemas locales anticorrupción en los siguientes términos: “Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.”

En el caso de Baja California, se presentó el 18 de julio en el Congreso, las leyes secundarias propuestas, analizadas y aprobadas en las comisiones de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, Hacendaria y Presupuesto, que conforma el Sistema Estatal Anticorrupción en el Estado.

A diferencia del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Estatal Anticorrupción de nuestro estado Baja California, contará con mayor participación ciudadana, al incluir a 11 consejeros de la sociedad civil en su comité coordinador, mientras que en el primero la responsabilidad recae en un solo representante ciudadano.

Dicho comité coordinador estará integrado además por un auditor superior, fiscal especializado en combate a la corrupción, secretario de la contraloría y transparencia gubernamental del Ejecutivo, presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, así como por los Síndicos Procuradores, Consejero Presidente del Instituto de Transparencia, y un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

La ley estatal del tribunal contencioso administrativa cambio para llamarse tribunal estatal de justicia administrativa y cambia en el cual se abre una sala especializada para faltas administrativas graves (los actos de corrupción). Se modifica La ley de la Procuraduría General de Justicia del Estado, un Fiscal especializado  es designado a por el congreso del estado a propuesta de ciudadanos.

Además, los particulares que participen en actos de corrupción o irregulares, también serán castigados con la reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Estas sanciones son desde la sanción económica, inhabilitación para desempeñar cargo público, indemnización, suspensión de actividades, incluso hasta la disolución de la sociedad, es decir, la pérdida de la capacidad legal de la persona moral.

Estos cambios en su gran mayoría no son de fondo, sino de forma, toda vez que la regulación en contra de los actos de corrupción a los servidores públicos, los particulares que participan, como también los órganos gubernamentales a cargo de vigilar, existen desde antes de la nueva reforma.

La regulación de las responsabilidades administrativas de Servidores Públicos esta vigente desde la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en 1983, lo que se conoce ahora como la Secretaría de Función Pública; también la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos fue creada en 2002, con la cual contemplaba como infracción grave la omisión de presentar la declaración de situación patrimonial; la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas creada el 11 de junio de 2012 que regulaba no solo servidores públicos, sino también la actividad de los particulares que participaban en licitaciones públicas; o en el caso de delitos de cohecho, sobornos, fraudes, trafico de influencias, ejercicio abusivo de funciones, intimidación, concusión, y demás que se encuentran en el Código Penal Federal.

Lo importante para el combate a la corrupción no es crear mas reformas en lo legislativo, toda vez que ya contamos con un amplio número de leyes y regulaciones en las actividades de los servidores públicos y particulares; el enfoque entonces debe ser ampliar el presupuesto y personal a las dependencias a cargo de la vigilancia, como también no centralizar las funciones, manteniendo personal en cada Estado y municipio para la representación y fiscalización.

Por último, el acceso a la información es primordial para el combate a la corrupción, en muchas ocasiones las personas desconocen los medios que existen para señalar una responsabilidad de un servidor público o van al lugar incorrecto. Por otra parte los problemas que hay en el acceso, la falta de actualización, mantenimiento, incluso en la información de los portales de internet de las contralorías, dependencias o sistemas a cargo de la vigilancia, por lo que impide a las personas acercarse a señalar un posible acto de corrupción. Es por ello, que como ciudadanos tenemos la obligación de reflexionar estos cambios y poner a práctica las herramientas que por Ley tenemos derecho.

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